Colombia es un país con un número importante de sindicatos, pero con baja afiliación de los y las trabajadoras a estos.
El Sistema de Información Laboral y Sindical, Sislab, registra que el país contaba, antes de la aparición de la covid-19, con cerca de 6.000 sindicatos, con aproximadamente 1.400.000 afiliados, es decir, apenas el 5% de la población trabajadora. Por debajo de países como Chile, México y Venezuela que llegan al 12%, y Argentina que supera el 35%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Una situación que nos obliga a reflexionar alrededor de las prácticas sindicales que hacen que los y las trabajadoras no vean en los sindicatos una herramienta efectiva para defender y luchar por sus derechos.
Pero, fundamentalmente, hacer una crítica a las estructuras organizativas de los sindicatos, al ser estructuras que niegan la posibilidad de una vida activa entre los y las trabajadoras.Y es que los sindicatos en el país se convirtieron en estructuras que se dividen en profesionales y usuarios, en tanto, la participación de la mayoría de sus afiliados se reduce a la participación pasiva en elecciones para elegir a los directivos.
Además, por la existencia del llamado “fuero sindical”, una figura jurídica que protege a los directivos de ser despedidos sin la previa intervención de un juez laboral, y de ser trasladados de su lugar de trabajo. Figura que solamente unos pocos aprovechan, tomando beneficios incluso por encima de los demás trabajadores sindicalizados. A tal punto, que muchos de estos dirigentes permanecen durante años en estos cargos de dirección.
Por otro lado, no se puede negar que, dentro de los sindicatos y las centrales obreras se mantiene una constante disputa de poder interno, en el que los partidos políticos tienen una gran influencia. Al punto que la acción sindical, en muchos de los casos, se impone por estas minorías, dejando relegados al grueso de trabajadores. Consolidado una cultura política pasiva entre los y las trabajadoras.
Habría que decir también, que el sindicalismo en los últimos años ha perdido entre las trabajadoras y los sectores populares su legitimidad, en tanto sus prácticas durante el estallido social de 2021, y anterior a este fenómeno, han sido de pasividad. Al reducir su acción a la vía de la conciliación bajo la fantasía de un Estado protector. Una situación que vemos año a año en las mesas de diálogos que se sostienen con los gobiernos de turno y la patronal. Al tal punto que, por ejemplo, mientras los jóvenes y los sectores populares se expresaban en las calles durante el estallido social, estos llamaban a abandonarlas.
Por otro lado, hay que resaltar que, si bien las centrales obreras son en parte responsables de la poca efectividad de la acción sindical, no podemos negar que el contexto histórico de violencia que ha vivido el país por más de 60 años, es también un elemento a tener en cuenta en relación al número tan disminuido de trabajadores sindicalizados. Así como, la violencia que ejerce el Estado y la patronal para deslegitimar y negar el derecho a la libre asociación de los y las trabajadoras.Finalmente, resaltar que entre estos sindicatos hay compañeros y compañeras con los cuales, más allá de las diferencias, es posible trabajar y construir un movimiento obrero, desde una perspectiva de clase, totalmente horizontal y alejados de las prácticas autoritarias.
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Luis A. Roso.